FEDEA published a study today by Jaime Vallés and Anabel Zárate (University of Zaragoza) quantifying the tax gap, defined as undeclared income in the Personal Income Tax (IRPF) across the 15 Common Regime autonomous communities between 2003 and 2022.
The results show a sustained improvement in aggregate tax compliance throughout the analyzed period. In the early 2000s, declared income represented around 70-75% of actual income, while in recent years it has reached levels close to 80-85%. Despite this favorable trend, the tax gap remains high: in 2022, undeclared income amounted to nearly €112 billion.
It is estimated that the gross revenue cost associated with the IRPF tax gap in 2022 ranged between €21 billion and €51 billion. This is equivalent to approximately 19-47% of the total IRPF tax liability and 1.5-3.7% of GDP. Income from business activities and real estate capital accounts for the bulk of this cost, while income from movable capital (investments) has the smallest impact. After deducting the nearly €10 billion in IRPF recovered in 2022 through Tax Agency enforcement actions, the net revenue cost stood between €11.3 billion and €41.3 billion, representing 0.8–3% of GDP.
The estimated gap should be interpreted as an approximation of the upper limit of fraud, as it may include other concepts—such as tax avoidance or conceptual and statistical discrepancies between sources—in addition to the deliberate concealment of income. It should not be confused with the underground economy, which also encompasses illegal activities or unregistered employment and involves other taxes. In Spain, by contrast, there are no official estimates for this indicator.
The methodology used consists of comparing the income declared in the Personal Income Tax (IRPF)—obtained from fiscal microdata of both filers and non-filers—with the actual household income from Spain’s Regional Accounts. Since both sources are not fully comparable, it has been necessary to make a series of adjustments based on additional information. The percentage of actual income that is declared constitutes the degree of tax compliance, and the difference from 100% constitutes the tax gap. The analysis focuses on income categories where the correspondence between both information sources is reliable: labor income, income from economic activities and real estate capital, and income from movable capital.
By income type, labor income exhibits the highest levels of tax compliance, reaching or exceeding 90%. This is due to the withholding tax system, which effectively limits the possibilities for concealment. In contrast, non-labor income—which has significantly less administrative traceability—shows much lower compliance levels: although it has improved significantly, a tax gap of nearly half of these earnings persisted in 2022.
The territorial analysis reveals a widespread improvement in aggregate tax compliance across all autonomous communities and a reduction in regional disparities. The most significant improvements were recorded in the Canary Islands, the Balearic Islands, Andalusia, and Castilla-La Mancha, while the most moderate progress was seen in Asturias and Aragon.
FEDEA estima en 112.000 millones las rentas no declaradas en España
FEDEA publica hoy un trabajo de Jaime Vallés y Anabel Zárate (Universidad de Zaragoza) en el que se cuantifica la brecha fiscal, entendida como la renta no declarada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las 15 comunidades autónomas de régimen común, entre 2003 y 2022.
Los resultados muestran una mejora sostenida del cumplimiento fiscal agregado en el IRPF a lo largo del periodo analizado. A comienzos de los años 2000, la renta declarada representaba en torno al 70-75% de la renta real, y en los últimos años ha alcanzado niveles cercanos al 80-85%. Pese a esta evolución favorable, la brecha fiscal sigue siendo elevada: en 2022, la renta no declarada ascendió a casi 112.000 millones de euros.
Se estima que el coste recaudatorio bruto asociado a la brecha fiscal en el IRPF se situó en 2022 entre 21.000 y 51.000 millones de euros, lo que equivale, aproximadamente, al 19-47% de la cuota líquida del IRPF y al 1,5-3,7% del PIB. Las rentas de actividades económicas y del capital inmobiliario concentran la mayor parte de este coste, mientras que las rentas del capital mobiliario son las que menos peso tienen. Tras descontar los casi 10.000 millones de euros de IRPF recuperado, en 2022, mediante actuaciones de control de la Agencia Tributaria, el coste recaudatorio neto se situó entre 11.300 a 41.300 millones de euros, lo que suponía, entre el 0,8–3% del PIB.
La brecha estimada debe interpretarse como una aproximación al límite superior del fraude, ya que además de la ocultación deliberada de rentas, puede recoger otros conceptos, como elusión fiscal o diferencias conceptuales y estadísticas entre fuentes. No debe confundirse con la economía sumergida, que engloba también actividades ilegales o empleo no registrado e implica además a otros impuestos. En España, en cambio, no se dispone de estimaciones oficiales sobre este indicador.
La metodología utilizada consiste en comparar la renta declarada en el IRPF, obtenida a partir de microdatos fiscales de declarantes y no declarantes, con la renta real de los hogares procedente de la Contabilidad Regional de España. Dado que ambas fuentes no son plenamente comparables, ha sido necesario realizar una serie de ajustes, basados en información adicional. El porcentaje de renta real que se declara constituye el grado de cumplimiento fiscal, y la diferencia respecto al 100% constituye la brecha fiscal. El análisis se centra en las categorías de renta para las que la correspondencia entre ambas fuentes de información resulta fiable: rentas del trabajo, rentas de actividades económicas y del capital inmobiliario, y rentas del capital mobiliario.
Por tipo de renta, las rentas del trabajo son las que presentan mayores niveles de cumplimiento fiscal, cercanos o superiores al 90%. Ello se debe al sistema de retención en origen, que limita de manera muy eficaz las posibilidades de ocultación. Por el contrario, las rentas distintas del trabajo, que tienen una trazabilidad administrativa mucho menor, muestran niveles de cumplimiento fiscal mucho más bajos: aunque ha mejorado de forma significativa, en 2022 sigue habiendo una brecha fiscal de casi la mitad de estas rentas.
El análisis territorial revela una mejora generalizada del cumplimiento fiscal agregado en todas las comunidades autónomas y una reducción de las disparidades regionales. Las mayores mejoras se registran en Canarias, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha; mientras que los avances más moderados corresponden a Asturias y Aragón.
